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sábado, 23 de junio de 2012

Conventos y monasterios sobreviven gracias a sus tiendas en Internet

Defensores del aborto admiten la derrota en Conferencia de Río

RÍO DE JANEIRO, 20 de junio (C-FAM) En una asombrosa muestra de solidaridad, un grupo diverso de países se unió a la Santa Sede para suprimir con éxito toda mención a los derechos reproductivos o al control demográfico en el documento final elaborado durante la última ronda de negociaciones de las Naciones Unidas en la conferencia Río­+20 esta semana. Durante los últimos seis meses, el Fondo de Población de la ONU junto a Noruega,  Islandia, Catholics for Choice y la Federación Internacional de Planificación de la Familia trabajaron febrilmente para sacar ventaja de la conferencia de Río+20 sobre desarrollo sostenible a fin de promover tanto un derecho internacional al aborto como el control demográfico.
Catholics for Choice distribuyó una serie de publicaciones y declaraciones que apuntaban evidentemente a la destacada influencia del Vaticano dentro de las Naciones Unidas como Observador Permanente. En un reciente documento informativo, afirman que «la tendencia [de la Santa Sede] de insistir sobre posturas marginales que la sitúan lejos de aquellas del consenso predominante» menoscaba «el consenso internacional sobre derechos humanos y hace retroceder el reloj sobre normas y principios igualmente valorados por los miembros de las Naciones Unidas».
No obstante, las negociaciones de Río de esta semana demuestran que la Santa Sede, lejos de ser «marginal» entre las naciones, es líder de consenso. Junto con ella, Nicaragua, Chile, Rusia, Honduras, Siria, la República Dominicana, Costa Rica y Egipto rechazaron la introducción de los «derechos reproductivos» en el documento final de Río+20.
Nicaragua, que es dirigida por un gobierno de izquierda, fue quizás la más elocuente, e insistió en que las delegaciones dejaran de practicar «boxeo de sombra en torno al término "derechos reproductivos"», el cual «todos los países saben que es un código de la ONU para el aborto». La delegación nicaragüense señaló que eran Noruega e Islandia, y no la delegación de la Santa Sede, las que estaban menoscabando el consenso al imponer «asuntos de línea roja» que obligarían a los países a aceptar un documento que estaba «en conflicto directo con sus legislaciones nacionales».
La delegación chilena realizó una afirmación similar al declarar que el «derecho a la vida» es «incompatible con el término "derechos reproductivos"» y además cuestionar su inclusión en un documento cuya intención era abordar el desarrollo sostenible.
Previamente, la semana pasada, el polémico vínculo entre los derechos reproductivos y el desarrollo sustentable se puso en evidencia cuando Nueva Zelanda junto con Noruega, Islandia, Estados Unidos, Canadá, Suiza, la UE y Australia exigieron la inclusión del término «dinámica poblacional», utilizado por el Fondo de Población, en el mismo párrafo en el que se nombraba la salud sexual y reproductiva.
Rusia y la Santa Sede, junto a los países del G77, no perdieron tiempo y señalaron que el término, particularmente cuando se lo sitúa en el mismo párrafo de la planificación familiar, constituía un intento de «promover el control demográfico» como un modo de alcanzar el desarrollo sostenible. Esta frase también fue suprimida del documento.
Durante la conferencia, tanto la UE como las delegaciones africanas se mantuvieron mayormente en silencio acerca de los términos «derechos reproductivos» y «control demográfico», pero por motivos distintos. Por un lado, las delegaciones africanas temen que, si dicen lo que piensan, el financiamiento de organizaciones como el Fondo de Población, del cual dependen desesperadamente, sea recortado. La UE, por el otro, no se expresó para no romper el consenso dentro del propio grupo, ya que tres países, sin incluir a Irlanda, se mantienen firmemente a favor de la vida. 
Feministas proabortistas ya se están quejando de su derrota en Río. Vicky Markham, del Center for Environment and Population utilizó las páginas de RH Reality Check para dar la voz de alarma sobre su inminente fracaso. «Las negociaciones sobre el lenguaje del borrador de Río+20, que incluye "mujeres" y "derechos reproductivos" han empeorado gravemente... y las cosas se ven muy mal según los informes in situ...». Dijo que las ONG estaban organizando una importante marcha ayer por la tarde en el centro de conferencias para protestar sobre su derrota. Al parecer, fue demasiado pequeña y demasiado tarde. 

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

viernes, 15 de junio de 2012

El estado y la Doctrina Social de la Iglesia


He preparado un documento sobre “El Estado y la actividad económica en la Doctrina Social de la Iglesia“, que ha sido publicado como Occasional Paper  del IESE (aquí). El artículo está escrito pensando primero en los católicos, pero su intención va mucho más lejos.
Su origen es una intervención mía en una Seminario de AEDOS, hace ya unos meses. Lo que lo motiva es la constatación de que ni los científicos sociales (politólogos, economicas, sociólogos, etc.), ni los políticos, ni los medios de comunicación ni, a menudo, los propios católicos, hacen referencia a la Doctrina Social de la Iglesia sobre el Estado, como si esta fuese un producto de épocas pasadas. Y lo es, de alguna manera, porque la teoría sobre el Estado toma a este desde la clave del poder, mientras que la Iglesia católica lo contempla desde el bien común. Y, claro, no se ponen de acuerdo.

Pero olvidar lo que dice la Iglesia es un error: entender el Estado solo en clave de poder significa olvidar la necesidad de la sociedad de tener alguna idea de un bien común, más o menos compartido por todos (insisto en lo de más o menos), si quiere mantenerse unida. Y si todo es cuestión de poder, entonces la democracia está en peligro: no inminente, pero sí en un peligro cierto.
En el artículo discuto también algunas razones por las que los propios católicos no siempre parecen compartir las posiciones de la Iglesia católica. Unas veces, por la sospecha acerca del mercado como una institución éticamente dudosa, lo que pone inmediatamente a la alternativa estatalista en primera fila. Otras porque, a la vista de los problemas, graves y urgentes, muchos católicos piensan que sí, es verdad, el Estado presenta muchos problemas, pero ahora lo importante es solucionar el desempleo, el hambre o las desigualdades por la vía de la intervención pública, y ya corregiremos después los defectos de esta solución (sin pararse a pensar si esa corrección será posible). Luego, las dificultades para aplicar la Doctrina Social de la Iglesia, que no ofrece recomendaciones sobre cómo ejecutar un programa, lo que desvía la atención hacia otros que sí ofrecen esos consejos prácticos (aunque el programa no es el adecuado: como el borracho que buscaba al pie de una farola la llave que había perdido, porque ahí el suelo estaba iluminado, aunque él había perdido la llave en otro sitio). Y, finalmente, por una visión utópica del Estado: si el Estado es el encargado de solucionar los problemas, organizar la vida económica, implantar la justicia y todo eso, como dicen los teóricos, pues… encomendemos eso al Estado, aunque luego resulte que el Estado no sea, en la práctica, capaz de conseguir todo eso. Antonio Argandoña, Catedrático de Economía Universidad de Barcelona

¿Qué más podemos (o debemos) hacer?

ANTONIO ARGANDOÑA, Profesor del IESE. Cátedra La Caixa, "El Periódico", 15.06.2012

 ¿Más que hacer? Pero si Europa ya ha dicho que ayudará a nuestros bancos. Estamos cansados ya de tanta austeridad. ¿Por qué hay que hacer más? Pues porque estamos muy lejos todavía de haber hecho nuestros deberes. ¿Porque lo dice la Unión Europea? No, porque lo dice la realidad de la economía española. Para salir adelante no nos queda otro remedio que reconocer dónde estamos para, a partir de ese punto, empezar a diseñar el mapa de carreteras. Hay que reducir el déficit público. De verdad. A finales del año pasado estábamos aún en cerca del 9% del PIB. En algunos aspectos hemos dado pasos adelante (y Catalunya es una comunidad avanzada en los recortes), pero en otros queda mucho por hacer. El empleo público creció en casi 400.000 personas desde el 2007 hasta finales del 2011: ahí no se ven los recortes. Y la reducción de 7.000 puestos llevada a cabo en el primer trimestre del 2012 es claramente insuficiente. Seguimos fuertemente endeudados. Todos: familias, empresas, Gobierno, comunidades autónomas y bancos. Y no es posible recobrar la capacidad de crecimiento cuando la deuda pesa, y los pagos mensuales para devolver el nominal y liquidar los intereses se llevan una parte importante de los ingresos. Porque, además, como país seguimos necesitando que nos presten dinero, o sea, no somos capaces de cubrir nuestros gastos fuera (importaciones e intereses de la deuda) con nuestros ingresos (exportaciones de bienes y servicios). Y la deuda exterior sigue creciendo. Ahí no hemos avanzado gran cosa. Seguimos con una competitividad débil: perdimos más del 10% desde el 2007, y no la hemos mejorado, porque nuestros costes siguen siendo altos y nuestra productividad es baja. Con una industria en profunda recesión, nuestra factura energética sigue siendo cercana al 4% del PIB. Nuestros bancos siguen en situación difícil, necesitados de un capital que llegará para tapar sus agujeros, pero que no permitirá, por sí solo, volver a los mercados a buscar financiación; por tanto, el crédito no se reanimará, al menos durante bastante tiempo. Y nos quedan por vender unas 800.000 viviendas, prácticamente las mismas que hace tres años. Y hemos de volver a crecer, pero sin apoyarnos en el inmobiliario y la construcción residencial: esto exige flexibilidad en la producción y el mercado de trabajo. Y necesitamos la internacionalización de las pymes para empujar la exportación, que nos permitirá mantener el pobre crecimiento de estos años y, sobre todo, dinamizar nuestro tejido productivo. Y hay que hacer frente a la pérdida de población, sobre todo joven, que ya se está produciendo, y que irá a más. Y racionalizar la administración pública, y la educación, y las pensiones, y la sanidad, y las infraestructuras y reformar los impuestos, y establecer nuevas reglas de la financiación autonómica, y una pasada más a la reforma laboral… y muchas cosas más.
Pero yo no soy quién para trazar la hoja de ruta de todo esto. Solo quiero hacer una sugerencia: hay que dar entrada a los ciudadanos, las instituciones, las empresas y las organizaciones. No una gran asamblea, pero sí una serie de foros para debatir todo esto. Porque en esas reformas se reparten muchos costes presentes y futuros, algunos beneficios a corto plazo, y esperamos que también muchos más a largo. Y esto genera problemas de justicia, que hay que enfocar adecuadamente. Para lo cual lo primero es oír a todos o, al menos, abrir la posibilidad de que todos tengan la oportunidad de decir lo que piensan. Porque hoy deberá pagar uno para que otro tire del carro (los exportadores, por ejemplo) o no se vea atropellado por él (las familias sin empleo, por ejemplo). Y alguien tendrá que adelantar un esfuerzo, para que las cosas salgan adelante (los funcionarios, por ejemplo, cuyo puesto de trabajo es más seguro), para crear las condiciones para que todos salgamos ganando después. Buena parte de ese diálogo deben protagonizarlo los políticos. No parecen estar por la labor, pero hay que pedírselo (mejor diría, exigírselo), porque, por encima de intereses de partido o de estrategia a corto plazo, lo necesita el bienestar del país, al que, se supone, ellos sirven. Sin poner demasiado énfasis en los errores cometidos porque agua pasada no mueve molino. Para ese diálogo hacen falta al menos dos cosas más. La primera es un diagnóstico. Ahora tenemos muchos, contradictorios, parciales y sesgados, por razones ideológicas, políticas o populares. Sin un acuerdo sobre lo que nos pasa y dónde estamos, todo lo demás es perder el tiempo. Y ese diagnóstico lo debe iniciar el Gobierno, y los expertos y las instituciones deben completarlo. Y, en segundo lugar, un plan de acción, que corresponde de nuevo al Gobierno, pero al que debemos contribuir todos, de nuevo sin planteamientos parciales, porque la situación lo requiere.

sábado, 2 de junio de 2012

La atleta Lolo Jones está orgullosa de llegar virgen a los JJOO con 29 años



La atleta estadounidense Lolo Jones ha reconocido que se siente orgullosa de llegar virgen a estos Juegos Olímpicos con casi 30 años. La vallista norteamericana confesó su secreto a través de su cuenta de Twitter y más tarde en una entrevista a la cadena de televisión HBO.
La atleta que fuese medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de 2008 en Valencia reconoció que "Quiero esperar al matrimonio para perder mi virginidad.Es un regalo que le quiero dar a mi marido. No es fácil. Fue lo más duro de mi vida. Más que entrenar para los Juegos Olímpicos, más que graduarme en la Universidad de Luisiana. Fui tentada muchas veces. Varios chicos me han dicho que si tengo sexo y dejo de ser virgen, voy a correr más rápido".
Tras conocerse la noticia varios varones se presentaron voluntarios para ayudar a Lolo Jones a acabar con su virginidad. La atleta ha reconocido que no fue fácil porque "varios chicos me dijeron que si tenía seso correría más rápido".


Una batalla comunicativa entre la Casa Blanca y los obispos




Por Diego Contreras, Aceprensa, 30 de mayo 2012

Como es sabido, la administración del presidente Barak Obama estableció que las empresas e instituciones, incluidas las de carácter religioso, debían financiar, en el seguro sanitario de sus empleados, el acceso a la contracepción, la esterilización y los medicamentos abortivos, como medidas de medicina preventiva.
Las reacciones contra esa medida, anunciada el 20 de enero de 2012, no se hicieron esperar. Fueron muchos los que señalaron que se trataba de una amenaza contra la libertad religiosa. El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, lo sintetizó eficazmente con una frase: “Tenemos un año para aprender a violar nuestras conciencias”, en referencia al plazo que la administración había fijado para que las instituciones religiosas encontraran un modo de adecuarse a la normativa. Los partidarios del mandato, sin embargo, argumentaron que la contracepción entraba dentro del derecho a la salud, un derecho fundamental, y que el gobierno podía obligar a las empresas a facilitarlo a sus empleados.

En busca de un compromiso
Entre los opositores a que el “mandato” (se empleó esta palabra) incluyera a las instituciones religiosas, se contaban numerosos partidarios incondicionales del presidente Obama. Para salir al paso de esa situación, la Casa Blanca anunció el 10 de febrero siguiente que había encontrado una solución de compromiso (“accommodation”): en caso de instituciones de naturaleza religiosa, la cobertura para la contracepción, la esterilización y los medicamentos abortivos correría a cargo de las empresas aseguradoras.
Para muchos, esa propuesta fue suficiente y retiraron sus objeciones al plan. No fue ese el caso (entre otros) de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Para los obispos americanos, el ofrecimiento era pura apariencia. En realidad, el contrato por esos servicios considerados inmorales seguiría existiendo, si bien camuflado ahora bajo un simple truco contable. Se hizo notar, además, que buena parte de las instituciones católicas de cierta envergadura –como hospitales y universidades– cuentan con sus propias compañías aseguradoras, con lo que el problema moral seguiría intacto.
A pesar de todo, la iniciativa de la Casa Blanca tuvo un innegable éxito comunicativo. En buena parte de la prensa desapareció el “problema religioso”. Acabó también el efecto de unificación que el anuncio inicial de la administración Obama había provocado en el mundo católico, entre los llamados –siguiendo la terminología periodística– católicos conservadores y católicos liberales. De hecho, según algunos comentaristas, el objetivo de la “accommodation” de Obama fue recuperar el apoyo de los “católicos liberales”, no el de los obispos.
Si bien la propuesta era nebulosa, el presidente aparecía ante la opinión pública como una persona dialogante, que había escuchado a los opositores y modificado su propuesta inicial. Solo advirtieron que eso no era así las personas verdaderamente interesadas en el caso. De hecho, el texto provisional publicado en el boletín oficial no se modificó.

Los dos puntos de vista
A partir de ese momento, el debate contó con dos versiones muy definidas, según fueran los narradores. Los dos principales actores fueron la Casa Blanca y los obispos católicos. Este fue, en síntesis, el punto de vista de cada uno:
A. La Casa Blanca: el tema central es la salud de la mujer, que incluye el control de la natalidad, al que se opone un pequeño porcentaje de personas, entre ellos, una parte de católicos (sobre todo la jerarquía). Pero incluso entre los mismos católicos, la gran mayoría está a favor de la contracepción y la usa.
Se añadió, además, que no incluir esos servicios preventivos en los seguros médicos suponía promover una guerra contra la mujer. En definitiva, que el debate era sobre el acceso a la contracepción (y contracepción gratuita). En algunos comentarios se daba a entender que oponerse a esta normativa equivalía a impedir a la mujer el acceso a la contracepción.
B. Obispos católicos: el debate no es sobre contracepción sino sobre libertad religiosa y está relacionado con la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Con el “mandato” de la Administración se obliga a personas e instituciones a ir en contra de su conciencia religiosa.
Los promotores de este punto de vista nunca dijeron que pretendían impedir el acceso de las mujeres a la contracepción (idea que, como se ha dicho, la parte contraria subrayó). Si los obispos hubieran rebatido: “no queremos impedir el acceso de las mujeres a la contracepción”, hubiera resultado al menos ambiguo, pues muestra que se concede algún valor positivo a la contracepción. 
Además, pondría en el centro de la atención la contracepción, que era el objetivo de la otra parte.Para la administración Obama, definir la postura contraria como “guerra a la mujer” dejaba implícito que se representaba a todas las mujeres y que la agresión procedía de un estrato masculino, la jerarquía católica.

La polémica en la prensa
La polémica comenzó por iniciativa de la administración Obama, que fue quien lanzó esta norma. Ante esa iniciativa, las organizaciones religiosas (y de modo singular, la Iglesia católica) dieron su respuesta. Sin embargo, en la prensa esa réplica aparecía no como una “respuesta” a una medida, sino casi como un acto de “agresión” contra la mujer o contra el control de la natalidad.
La mayor parte de la prensa siguió el “frame” establecido por la Casa Blanca, incluyendo de vez en cuando voces que representaban a la otra perspectiva. En muchos casos, las referencias a la expresión libertad religiosa se incluían entrecomilladas, dando a entender que el medio mantenía las distancias, como queriendo decir: ellos dicen que es una cuestión de “libertad religiosa”, pero en realidad nosotros pensamos que no lo es.
Es interesante notar que una sesión en el Senado norteamericano, dedicada precisamente a la libertad religiosa a propósito del mandato de la administración Obama, fue presentada por la prensa como una sesión sobre contracepción. Se silenciaron las intervenciones de líderes religiosos al tiempo que se planteó la cobertura en términos de si había o no mujeres entre las personas que hablaron. El personaje estrella fue una estudiante de Georgetown University, de 30 años, que abogó vibrantemente a favor de la normativa Obama.
Tuvieron escaso eco en los medios las 150 manifestaciones a favor de la libertad religiosa organizadas en otras tantas localidades de Estados Unidos. Posiblemente, entre los participantes había muchas historias interesantes que contar si alguien se hubiera preocupado de ir a escucharlas.
Es significativo, sin embargo, que la voz de los obispos católicos fuera acompañada por un número creciente de personalidades de otras confesiones y religiones. El “frame” de libertad religiosa era evidente en estas adhesiones, pues muchas de esas confesiones y religiones no tienen problemas con admitir la contracepción. Para ellos, el problema no era la píldora sino la intervención estatal en cuestiones de conciencia.
Sin la pretensión de fijar conclusiones, podemos subrayar algunos aspectos de interés que nos ofrece el seguimiento de este caso, tal como lo hemos percibido fuera de Estados Unidos.

1. Buena elección de “frame”
La defensa de la “libertad religiosa amenazada” respondía a la realidad (y así fue percibido por otras confesiones y religiones). Contenía el aspecto positivo de apelar a la libertad y a la tradición constitucional del país. Se ha evitado centrar el debate en la contracepción. Se constata que el “frame” contrario ha necesitado de cierta tergiversación para ser más eficaz (acusar a la otra parte de “impedir el acceso a la contracepción”).
Cabe añadir, de todas formas, que el concepto de “libertad religiosa” resulta hoy poco claro y a veces se la identifica con libertad de culto. Se puede entender la persecución religiosa en países como China, Irak o India, pero resulta más difícil percibir las manifestaciones en una sociedad democrática como la de Estados Unidos.

2. Tendencia a la “confesionalización” de aspectos que pertenecen a la ética natural
El debate ha mostrado nuevamente un proceso de arrinconamiento de cuestiones de ética natural al ámbito exclusivamente católico. Concretamente, presentar el rechazo a la contracepción como una “cuestión exclusivamente católica” (como puede ser la no transfusión de sangre para los Testigos de Jehová o la circuncisión para los judíos). Es el proceso de renuncia a la razón humana del que ya hablaron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es necesario reconstruir ese tejido de razonamiento humano, usando nuevos modos y formas (“ecología humana”).

3. “¿Cuántos periódicos tiene el Papa?
”A pesar de contar con todos los ingredientes noticiables (conflicto, relevancia, etc.), ha habido deficiencias en la cobertura periodística de cuantos apostaban por el planteamiento de “libertad religiosa”. Por otra parte, en ocasiones ha sido evidente el conformismo y la falta de espíritu crítico de la prensa. Por ejemplo, presentar a los partidarios de la libertad religiosa con la sospecha de que quieren imponer a los demás su religión, mientras que pasa por alto que quien –de hecho– está imponiendo su “religión” a los demás es la administración federal.

4. “Houston, tenemos un problema”
El debate está sirviendo para poner sobre el tapete un tema que parecía casi “cerrado”: la moralidad de la contracepción y su no concordia con la doctrina católica.
Las lagunas, durante décadas, en la enseñanza de la doctrina de la Iglesia se están mostrando de modo dramático. Lo expresaba el cardenal Dolan en una entrevista publicada por The Wall Street Journal: “No me asusta admitir que tenemos un desafío interno de catequesis –grande como una torre- para convencer a nuestra propia gente de la belleza moral y coherencia de lo que enseñamos”.

Liga de la justicia

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